El 25 de noviembre, Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, nos recuerda la necesidad de visibilizar una problemática que afecta a millones de mujeres en el mundo: la violencia de género.

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En este contexto, uno de los mayores desafíos es que muchas mujeres no denuncian los abusos que sufren debido a las dificultades que encuentran en las rutas de atención, las cuales deberían ser un espacio de protección, pero en ocasiones, lejos de ser un refugio, se convierten en un obstáculo más. El proceso de denuncia está plagado de barreras legales, sociales, psicológicas y estructurales que impiden que las víctimas accedan a la justicia y protección que requieren.

Barreras sociales y culturales

Uno de los obstáculos más persistentes que enfrentan las mujeres al intentar denunciar la violencia de género es el entorno social y cultural que las rodea. En muchas comunidades, prevalece la normalización de la violencia machista, lo que hace que muchas víctimas no consideren su sufrimiento como algo que deba ser denunciado.

La idea de que «la familia es lo primero», «hay que aguantar» o que «es un problema privado», se perpetúa con frecuencia, especialmente en contextos rurales o en sociedades donde las estructuras patriarcales son más fuertes.

Esta presión social y la estigmatización de las mujeres que denuncian la violencia las lleva a temer las repercusiones sociales y familiares que pueden acarrear. Las víctimas se sienten culpables o avergonzadas, lo que las retrae aún más de dar el paso hacia la denuncia.

Miedo a la revictimización

Otra barrera significativa es el temor a la revictimización en las rutas de atención. Muchas mujeres que logran llegar a una comisaría, un centro de salud o una instancia judicial se encuentran con un trato despectivo, con preguntas invasivas o incluso con comentarios que minimizan su sufrimiento.

Este fenómeno se conoce como «revictimización secundaria» y ocurre cuando la mujer, al buscar ayuda, enfrenta un proceso que la vuelve a someter a situaciones de violencia emocional o psicológica.

El trato insensible por parte de los funcionarios encargados de recibir las denuncias puede generar un gran desánimo en las mujeres, quienes pueden sentir que su palabra no será tomada en serio.

La falta de capacitación de los agentes en temas de género y la ausencia de protocolos específicos en los procedimientos de denuncia son factores que contribuyen a este grave problema.

Barreras estructurales

Además de los obstáculos sociales y psicológicos, las mujeres enfrentan dificultades estructurales relacionadas con los recursos disponibles y la calidad de los servicios en las rutas de atención. En muchas regiones, especialmente en áreas rurales o apartadas, las mujeres no tienen acceso a centros especializados o a una atención adecuada en términos de tiempo y calidad.

La falta de infraestructura adecuada, la escasez de personal capacitado y el acceso limitado a servicios legales o de acompañamiento psicológico son elementos que dificultan el acceso a la justicia. Además, las largas esperas, la burocracia o la falta de información clara sobre los procedimientos legales también pueden ser factores desalentadores.

La dependencia económica

La dependencia económica de muchas mujeres hacia sus agresores es otro obstáculo importante. Para muchas, denunciar la violencia puede implicar perder el sustento familiar, especialmente si están sometidas a un control económico absoluto por parte del agresor. La falta de autonomía financiera limita gravemente las posibilidades de tomar la decisión de denunciar.

Además, las rutas de atención no siempre ofrecen soluciones inmediatas que garanticen la seguridad y el bienestar de las víctimas, lo que aumenta el miedo de las mujeres a enfrentar represalias. En muchos casos, la mujer que decide denunciar teme por su estabilidad económica, la de sus hijos o por la seguridad de su entorno cercano.

La desconfianza en el sistema judicial

Un factor determinante para que las mujeres no denuncien las violencias de género es la desconfianza generalizada en el sistema judicial. Las estadísticas de impunidad en casos de violencia de género son alarmantes en nuestro país. La percepción de que los casos no serán procesados adecuadamente o que no se alcanzará una sentencia condenatoria genera desconfianza en las víctimas, que no creen que su denuncia tendrá efectos reales.

Esta falta de confianza en las autoridades también se ve reflejada en los altos índices de feminicidios, pues muchas mujeres temen que la denuncia no sólo no les proporcione protección, sino que incluso incremente el riesgo de represalias.

El papel de la sociedad civil y la necesidad de reformar las rutas de atención

Aunque las rutas de atención presentan numerosas dificultades, también existen espacios de apoyo y solidaridad dentro de la sociedad civil que juegan un papel crucial en la sensibilización y apoyo a las víctimas de violencia de género.

Organizaciones no gubernamentales, colectivos feministas y grupos de mujeres han sido fundamentales en la sensibilización sobre la importancia de denunciar la violencia y en ofrecer alternativas de acompañamiento.

No obstante, es crucial que los gobiernos reformen las rutas de atención a la violencia de género para hacerlas más accesibles, seguras y efectivas. Se necesita un sistema integral y coordinado que no solo ofrezca atención médica y legal, sino también protección inmediata, apoyo psicológico y recursos económicos. Además, es indispensable una formación constante de los agentes públicos para que se erradiquen los prejuicios de género y se ofrezca un trato respetuoso y empático hacia las víctimas.

Erradicar estas barreras es responsabilidad de todos los sectores de la sociedad: el Estado, las instituciones, los medios de comunicación y la ciudadanía. Solo a través de un esfuerzo conjunto se podrá garantizar que las mujeres tengan el derecho de vivir una vida libre de violencia, sin miedo a denunciar, con acceso a un sistema de justicia que las proteja y las acompañe en todo el proceso.

Por: Leidy María Arias